Un Estado a prueba

La semana pasada el país fue testigo del inicio de una crisis gubernamental de proporciones. El subsecretario del Interior, una persona en que todos teníamos depositada nuestra confianza para enfrentar a la delincuencia, renuncia luego de ser denunciado por un presunto delito de violación. Respecto al caso mismo, sólo cabe esperar que el Ministerio Público investigue lo más prontamente, esclarezca los hechos y sancione duramente si éstos resultan acreditados.

Sin embargo, es también pertinente detenerse en lo que ha desnudado el manejo de esta crisis.
Naturalmente, el debate y las críticas se han centrado en la falta de conciencia de la responsabilidad republicana que mostraron las autoridades. El subsecretario, al sostener una relación impropia con una subordinada y abusar de su posición para acceder al registro de las cámaras; la ministra del Interior, al permitirle mantenerse en el cargo y seguir desarrollando su función; y el presidente, al improvisar una larga conferencia de prensa, dan cuenta de lo poco conscientes que fueron en este caso respecto del compromiso público de sus cargos. Debate necesario y legítimo, pero insuficiente.

En efecto, no toda la responsabilidad se le puede atribuir a las autoridades referidas. La forma como se ha enfrentado esta crisis revela también ciertas falencias en el funcionamiento del Estado largamente diagnosticadas que, una vez más, se hacen evidentes ¿A qué instancia de gestión de crisis se recurrió para permitir al subsecretario denunciado mantenerse en el cargo, viajar a su región a gestionar su propia crisis familiar y luego asistir al Congreso como si nada pasara? ¿Quién ponderó la gravedad del acceso que tuvo el subsecretario a los videos del entorno del lugar de los hechos? ¿A quién recurrió el presidente para tomar la decisión de enfrentar a la prensa de manera improvisada y desinformada?

El comité político, instancia informal de toma de decisiones, no se enteró ni fue consultado. Tampoco parecen haber participado asesores o funcionarios permanentes ni de la presidencia ni del ministerio del Interior que fueran capaces de transmitir una opinión independiente que impidiera la profundización de la crisis. Es decir, ausencia de controles institucionales, profusión de funcionarios de confianza y débil capa de servidores públicos profesionales y experimentados, son algunas de las falencias que demuestran que nuestro centro de gobierno no está indemne a la inexperiencia y subjetividad gubernamental.

Si el centro de gobierno adolece de estas falencias, ¿qué cabe esperar de la toma de decisiones en otros espacios del Estado a nivel central, regional y comunal?

Otros países tienen en los distintos espacios del Estado y del gobierno instancias institucionalizadas de toma de decisión con servidores públicos profesionales que apuntan justamente a evitar la improvisación y contener la subjetividad personal. La Casa Blanca tiene un equipo permanente que apoya al presidente; los gobiernos parlamentarios tienen funcionarios estables que no cambian con las autoridades electas; y los regímenes semi-presidenciales como el francés, fuerzan a las autoridades a pasar por el Consejo de ministros en casos relevantes.

Si no queremos seguir horadando la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, es hora de que la política se tome en serio el desafío de su modernización.