Bernardo Larraín:

Bernardo Larraín, expresidente de Sofofa, actualmente se encuentra liderando un equipo integrado por investigadores y académicos para profundizar en cuatro áreas de estudio en concreto en el laboratorio de políticas públicas Pivotes. Estas son: pérdidas de aprendizaje escolar durante la pandemia, informalidad laboral, economía en base a recursos naturales y modernización de los empleos públicos. Larraín plantea que para poder lograr una reforma tributaria que sea realmente efectiva, en primer lugar, se requiere modernizar los empleos públicos de nuestro país para evitar que los recursos sean mal utilizados. ‘Es fundamental modernizar el Estado.

En los hospitales públicos de Chile, solo la mitad cuentan con un proceso abierto y competitivo para escoger a los cargos directivos, que asegure que los mejores profesionales lleguen al hospital y la otra mitad son elegidos por cuoteos políticos, por ejemplo. ¿Cómo podemos lograr que esos recursos a los hospitales se gasten bien si no tenemos seguridad de que los cargos directivos son personas que realmente estén gestionando bien esos recursos?’, comenta. El expresidente de Sofofa entrega detalles de su trabajo realizado junto a Pivotes y, además, analiza el rechazo de la reforma tributaria y las implicancias que tendría para el país esta desaprobación a la propuesta desarrollada por el gobierno.

-¿Se esperaba un rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados?

-Yo creo que a todos nos sorprendió porque había una cierta confianza del gobierno de que lograría los votos en la Cámara de Diputados, pero, dado lo que ocurrió, yo creo que esto representa una oportunidad para que realmente esta reforma, que yo creo que tenía serios problemas de diseño, no solamente corrija esos problemas de diseño, sino que también se transforme en lo que el ministro Mario Marcel ha llamado un pacto tributario.

-¿Y cuál es la diferencia entre una reforma y un pacto?

-Un pacto, no solo propone medidas para recaudar más impuestos para financiar el gasto social, también incluye: medidas tributarias que incentiven el ahorro y el crecimiento; también modernización del Estado y apoyo transversal de los sectores políticos. Para que pasemos de una reforma a un pacto, necesitamos una mesa que tenga esas cuatro patas y la reforma del gobierno solo tenía una y esa única que tenía, que era la parte recaudatoria, tenía serios problemas de diseño.

-¿Por qué plantea que tenía problemas de diseño?

-Porque los países que han cambiado su sistema tributario y que han logrado recaudar más para financiar gasto social han aprendido ciertas lecciones como, por ejemplo, que no es bueno recaudar a partir del ahorro de la inversión de las empresas en los emprendimientos. Si uno observa lo que han hecho la mayoría de los países de la OCDE, han ido bajando la tributación a las empresas y han ido subiendo las tributaciones a las personas porque saben que las personas son el principal vehículo para ahorrar, invertir y crecer. Esta reforma iba en sentido contrario porque proponía impuesto a utilidades retenidas e impuesto al patrimonio, que parece ser una medida popular. El patrimonio es la acumulación del ahorro de las inversiones. ¿Qué le decimos entonces a los empresarios que están en Chile y al que está mirando distintos países, para desarrollar, por ejemplo, un proyecto de litio? ¿Queremos atraerlo o que se vaya a Australia? Si queremos atraerlo, tenemos que ofrecerle un sistema tributario que incentive al empresario para que venga con su ahorro y desarrolle ese proyecto.

-¿Una reforma tributaria debe o no debe incluir impuesto al patrimonio?

-De los 12 países de la OCDE que en el año 1990 tenían impuesto al patrimonio, ocho de ellos dejaron de implementarlo y por lo tanto esos ocho países se dieron cuenta que era una mala política pública. ¿Por qué en Chile estamos proponiendo algo que ya ha demostrado ser una mala política pública? Porque no se recauda lo que se piensa y segundo porque desincentiva el ahorro de inversión.

-¿Por qué sostiene que es fundamental modernizar el Estado en nuestro país? ¿Considera que no hay certeza de que los recursos recaudados sean utilizados de forma correcta por las instituciones?

-Efectivamente, si uno piensa en un hospital en el que van a llegar más recursos para reducir las listas de espera o para mejorar el servicio, es difícil pensar que esos mayores recursos se van a transformar en mejores servicios de los pacientes si es que tenemos dudas de que las personas que están encargadas de gestionar ese hospital. Hay muchas áreas del Estado en las que se han aumentado los recursos y ese aumento, no necesariamente se ha reflejado en un mejor servicio a los pacientes. Lo mismo ocurre con los colegios municipales. Modernizar el Estado es un imperativo ético.

-¿Cuál considera que es la principal demanda social que debe resolver actualmente el gobierno?

-Sería fácil inmovilizarse y decir olvidémonos del proceso constitucional y de la reforma tributaria porque se rechazaron y resolvamos problemas como pensiones o salud, sin embargo, todos estos aspectos están relacionados. Es importante que el pacto tributario se acuerde, así como es importante contribuir a que el proceso constitucional sea exitoso. Esas dos cosas son relevantes porque son la base de los problemas sociales. El principal desafío es hacer andar la máquina que activa este círculo virtuoso que tiene tres componentes: crecimiento, oportunidades y protección social. Esto se ha parado en los últimos diez años en Chile y esa detención tiene relación con un sistema político que no ha funcionado bien. Ese sistema político sí tiene relación con el diseño que se implementó en la Constitución. Si no logramos tener un sistema tributario estable, que no tenga que ser deformado cada dos años, difícilmente podremos reactivar la inversión.

-¿Considera que la modernización del Estado debiera estar establecida en una nueva Constitución?

-Ese desafío se debiera discutir en la nueva Constitución. Por ejemplo, definir cuál es el rol de un gobierno y sus funcionarios de confianza y cuál es el rol del servicio público: todos los funcionarios del Estado que dirigen hospitales, establecimientos educacionales, servicios públicos, deben ser nombrados por un proceso transparente y competitivo y no por el gobierno de turno. En la Constitución debiera estar este mandato para que los legisladores. Es imposible que un hospital funcione bien si el director cambia cada cuatro años por el gobierno de turno, lo mismo ocurre con cualquier institución.