"El inmovilismo es la peor respuesta (...) y tengo confianza que van a proponer un texto ambicioso"

Convencido que este nuevo proceso constitucional está mejor diseñado que la propuesta de Constitución que la ciudadanía rechazó ampliamente el 4 de septiembre del 2022, el presidente de la Fundación Pivotes y expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, resaltó la relevancia de esta etapa para mejorar la eficiencia de la clase política en alcanzar consensos en los distintos ámbitos que preocupan a la ciudadanía como lo son, entre otros, salud, seguridad y educación.

No obstante, el ingeniero comercial y empresario ve con preocupación el poco interés que existe en la ciudadanía por formar parte de este nuevo proceso, a diferencia de lo ocurrido en la etapa anterior; y sostuvo que la redacción de esta Carta Magna debe tener un enfoque en educación, empleabilidad, modernización del Estado y recursos naturales.

“Veo con cierta preocupación que hay un mayor desinterés de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil por participar del proceso, hay más distancia hoy día en este proceso que la que hubo en el proceso anterior y eso es preocupante”, manifestó.

– ¿Qué evaluación hace de este nuevo proceso constituyente que está en curso?

– Es un proceso importante, porque a diferencia de lo que algunos dicen, que habría que abocarse a los muchos problemas de la gente y no a un proceso constitucional como si estas dos cosas fueran en oposición, yo les respondo a ellos que es importante porque finalmente es en la Constitución donde se diseña un sistema político electoral que, hasta ahora, ha demostrado ineficacia para llegar a acuerdos y resolver los problemas de la gente, y es también en la Constitución donde se diseña la estructura del Estado, que también ha mostrado cierta incapacidad para prestar servicios de calidad a la gente.

– Pensando en el primer borrador de anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos, ustedes publicaron cuatro documentos que tenían un enfoque en educación, empleabilidad, recursos naturales y modernización del Estado. ¿Vieron plasmados sus planteamientos en la propuesta?

– En parte sí, porque por ejemplo dentro de la agenda de modernización del Estado hacemos un planteamiento de modernizar la administración pública. Creo que la administración pública son todos esos funcionarios que trabajan en los distintos espacios del Estado y que prestan servicios a los ciudadanos. Esa modernización se trata de que la administración pública se seleccione a través de un criterio profesional y técnico y a través de un proceso meritocrático y abierto, que se evalúe el desempeño de los funcionarios públicos como ocurre con todas las personas que trabajan en el sector privado y si el desempeño no es bueno que exista la posibilidad de que esas personas cesen en su cargo.

– Tras lo que significó el rechazo de la propuesta de Constitución en el Plebiscito del pasado 4 de septiembre, ¿cree que se podría repetir el proceso?

– Al menos no hemos visto en este proceso constitucional la parte circense que tuvo el anterior, donde rompieron todos los ritos republicanos, pifiaron el himno nacional, que hubo violencia cuando la funcionaria del Servicio Electoral (Servel), Carmen Gloria Valladares, trató de abrir la sesión. En fin, todo eso no se ha visto. Creo que ya aprendimos la lección y tanto los expertos como los integrantes electos de la futura asamblea van a hacer un proceso que básicamente esté a la altura de nuestra república.

Cambiar ciertas cosas

– En esa línea, ¿podría entonces generarse el efecto contrario, en el sentido que salgan electos consejeros constituyentes más conservadores y sin el ánimo de actualizar la Carta Magna?

– Creo que todos los integrantes del Comité de Expertos y los candidatos que están postulando a la Asamblea Constitucional tienen la convicción de que hay que cambiar ciertas cosas. Aquí el inmovilismo es la peor respuesta a la situación que vive hoy día Chile, por lo tanto yo tengo confianza que van a proponer un texto ambicioso, que por supuesto parta de lo que se ha construido en los últimos 30 años, que también incorpore en el fondo la historia constitucional chilena y que no vaya por el camino de la refundación.

– ¿Cómo debe quedar establecido en la nueva Constitución el derecho al agua, entendiendo que, por ejemplo, la Región de Valparaíso se encuentra afectada por una prolongada sequía?

– Yo creo que el texto debe establecer un uso prioritario para el consumo humano y para la protección de la naturaleza, pero eso no es para nada incompatible con, al mismo tiempo, establecer que el Estado pueda entregar derechos de uso para que el agua sea también un factor muy relevante de la actividad económica. El agua es tanto derecho humano y elemento esencial de la naturaleza como factor fundamental de la actividad económica, y quienes pretenden, en el fondo, poner en oposición su uso para la actividad económica con su condición de derecho humano creo que están muy equivocados.

“Son sinérgicos”

– Uno de los principales conflictos al hablar de economía en la región es la relación entre el crecimiento y la protección del medioambiente. ¿De qué forma ambas pueden coexistir?

– El proyecto minero Los Bronces Integrado de Anglo American, que está en parte de la Región de Valparaíso y que se aprobó el pasado martes, es un buen ejemplo de que finalmente son sinérgicos la economía con el medioambiente. Ese cobre que va a producir Anglo American es un elemento esencial para la electromovilidad, las baterías de litio, la transformación energética y el desafío de la carbononeutralidad. Sin muchos minerales que produce Chile, el mundo no va a poder lograrla carbononeutralidad, por lo tanto, esa mina que va a empezar a producir más cobre obviamente está contribuyendo un desafío global climático y al mismo tiempo es una oportunidad de desarrollo, empleo, innovación y de que se vayan generando ecosistemas de proveedores.

– Justamente ustedes hablan de reactivar el desarrollo sostenible de las riquezas naturales. ¿Cuáles se deben potenciar en la región?

– Por supuesto que hay muchas reservas mineras que están entre la Región Metropolitana y Valparaíso, por ejemplo el proyecto Anglo American. En segundo lugar, todo lo que es la actividad de desalación; hay también actividad agrícola junto con actividad minera y otras actividades industriales como energía que requieren agua. (…) También en Valparaíso hay grandes universidades y creo que tenemos un desafío pendiente de vincular más a las empresas e industrias con las universidades de modo que se produzcan estos ecosistemas de innovación en torno a nuestras industrias principales.

– En sus propuestas mencionan una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ¿en qué consistiría esta modificación?

– En todos los gobiernos y campañas se ha diagnosticado que el SEIA tiene serias falencias y que debe ser reformado, lamentablemente nunca se ha llegado a puerto. Ahora una vez más el Gobierno anuncia que el segundo semestre va a ingresar una reforma. Y un ejemplo muy claro, no tiene ningún sentido que la discusión política en torno a un proyecto, que es la que ocurre en un Consejo de Ministros, sea al final del proceso. No puede ser que un proyecto como el de Anglo American pase entre cinco a siete años aportando antecedentes técnicos, haciendo mucha inversión en ingeniería para que al final se someta a una instancia política. Se debe eliminar el Consejo de Ministros en la etapa final de un proceso de evaluación ambiental, así como también los Consejos Regionales, y que esas instancias más políticas ocurrieran al principio del proceso para discutir temas generales.

Efectos de sexto retiro

– Un estudio realizado por Pivotes deja en evidencia que el 47% de los recursos de un sexto retiro se concentrarían en la Región Metropolitana y que únicamente el 9% llegaría a Valparaíso. ¿Qué efectos podría traer?

– No solamente se concentra principalmente en la Región Metropolitana, sino que además llega solamente a las personas más privilegiadas, un sexto retiro no va a llegar a las personas más vulnerables; por lo tanto es una política pública que a todas luces es muy nociva, porque no beneficia a las personas que más lo requieren y porque básicamente como ya ocurrió con los retiros anteriores se aumenta la inflación y esta finalmente perjudica a las personas más pobres. (…) Un sexto retiro va a revertir todo el camino que hemos andado en contener el proceso inflacionario.