Desempleo y políticas públicas:

“El debilitamiento del mercado laboral es un problema de larga data y que se ha agudizado en los últimos dos años. Por ello, es crucial que se tomen medidas para inyectar dinamismo al empleo”. Esa es la visión de la directora de Evidencia del centro de pensamiento Pivotes, Elisa Cabezón, quien mira con preocupación el hecho de que el número de desempleados -corregido por el crecimiento de la población para que las cifras sean comparables- vaya al alza entre 2010 y 2023. Para ponerlo en perspectiva, precisa que en el período previo a la pandemia, entre 2014 y 2019, el número de desempleados al mes aumentaba en 1.900 personas; luego, en la pos pandemia, entre 2022 y 2023, empezó a aumentar por mes en 6.500 personas.

“Es un problema de larga data.Hay un problema estructural en el mercado laboral, no es puntual”, dice. “Hay espacio para rediseñar el sistema de indemnización, pero a la vez fortaleciendo el seguro de cesantía, porque este es más flexible. El seguro de cesantía se entrega a todo evento, tanto si el trabajador es despedido como si renuncia”.

– La pandemia dejó varios problemas. ¿Qué ejes o materias deberían priorizarse desde la política pública para abordar el tema?

– Lo primero que es clave decir es que el crecimiento económico importa. El crecimiento crea empleos y eso lo validan los datos. Cuando Chile crece, el desempleo cae y el número de personas con empleo formal aumenta. Y eso es un poco lo que le faltó al Gobierno, porque al inicio de su período no le daba tanta importancia, pero desde que se rechazó la reforma tributaria el año pasado, ahí hubo un cambio de switch, un cambio de discurso y de empezar a darle más importancia. Todavía no lo veo mucho en los actos concretos, en propuestas concretas, pero sí en el discurso. Y se valora ese punto.

– Hay otros actores que coinciden en que falta pasar a la acción. Algunos van más allá y plantean que las políticas públicas han complejizado aún más la situación del mercado laboral. ¿Qué le parece esa crítica?

– Durante el último año hemos discutido muchas políticas públicas que en vez de facilitar la contratación, la han encarecido. Entre ellas, el aumento del salario mínimo, que afecta sobre todo a los grupos de menor educación, o el proyecto de 40 horas. Aunque en este proyecto valoro que incluyó medidas de flexibilidad, eso es un gran avance, pero igual hay que tener ojo, porque puede ser una medida que también encarezca la contratación. Pero dado que el desempleo no para de aumentar desde hace 10 años y que en pospandemia se aceleró, tenemos que empezar a hablar de políticas públicas que faciliten la contratación.

– Ustedes en más de una oportunidad han planteado la necesidad de modificar el sistema de indemnización por años de servicio. Sin embargo, es un tema que genera fuertes críticas por parte de algunos sectores. En este tema ¿A qué apuntan?

– Chile, entre los países de la OCDE, es el país que mayor monto por indemnización por despido paga. Un trabajador promedio de la OCDE, que lleva 10 años trabajando, la empresa le debe pagar un monto equivalente a entre tres y cuatro sueldos. En Chile, una persona con 10 años de antiguedad laboral, recibe 10 sueldos. Creo que hay espacio para rediseñar el sistema de indemnización, pero a la vez fortaleciendo el seguro de cesantía, porque este es más flexible. El seguro de cesantía se entrega a todo evento, tanto si el trabajador es despedido como si renuncia voluntariamente, y además la forma de financiamiento es más amigable para la empresa, porque al seguro de cesantía todos los meses el empleador debe depositar una cotización. En cambio, la indemnización por despido, es desembolsar un gran gasto de una vez, entonces puede ser muy perjudicial para la empresa. La indemnización por años de servicio, además, reduce la contratación, pues las empresas anticipan estos costos futuros ante una eventual desvinculación, aumentando los costos en la contratación. También disminuye la productividad, complejiza que la gente se quiera cambiar de trabajo, porque no quieren perder la indemnización, ya que solo se obtiene cuando son despedidos.

– ¿Qué tipo de modificaciones concretas están elaborando? ¿en qué parámetros?

– Lo estamos evaluando. Está en proceso. Tenemos el diseño general, pero el número más concreto de cuánto aumenta la prestación y el detalle de cambios a la indemnización, lo estamos trabajando.

– ¿Tienen contemplado socializar esta idea con los actores del mercado laboral? Es un tema que genera varios anticuerpos en algunos sectores…

– Ese es el gran desafío. Por ahora, lo que estamos haciendo como Pivotes es ponerlo sobre la mesa, comunicando los efectos perversos que provoca tener indemnizaciones por despido muy altas, las ventajas que puede tener un diseño alternativo del sistema de indemnización junto a un fortalecimiento del seguro de cesantía que entrega más flexibilidad. Este es un tema muy impopular, desafiante. Pero estamos convencidos de que si mejoramos el seguro de cesantía, que es una herramienta que ha demostrado funcionar bien, va a tener efectos muy positivos sobre nuestro mercado laboral que viene debilitado hace 10 años. En esto queremos sentarnos a conversar con diferentes actores, con políticos que pueden estar interesados y ver que qué acogida tiene. Ese es nuestro plan y sé que es difícil. Es un tema muy impopular.