"Hacer política pública con el presupuesto

La solicitud de dos diputados RN, entre ellos Mauro González, de suspender la aplicación de la Ley Lafkenche durante un año, encendió el debate respecto a qué hacer con esta normativa. Es que, por un lado, es acusada por los rubros productivos de estancar la actividad acuícola; y, por otro lado, desde las comunidades indígenas con intereses en el mar, la defienden para resguardar sus derechos ancestrales sobre ese territorio.

¿Qué hacer? Joaquín Sierpe, economista del Centro de Incidencia Pública Pivotes, sostiene que urge priorizar este debate y que ambos sectores deben estar dispuestos a ceder en algo sus posturas.

• ¿Qué opinión tiene de la indicación del Congreso, que ordena congelar por un año las solicitudes de Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios (Ecmpo), en el contexto de la discusión del presupuesto 2025?

En este tema de la Ley Lafkenche no existe bala de plata, que es lo que yo creo que es lo que se está intentando hacer ahora en el Congreso con la indicación. Lo digo por tres razones: la posibilidad que se declare inconstitucional no es baja. Hacer política pública a través del presupuesto usualmente termina en inconstitucionalidad. Incluso superando esa barrera tenemos una segunda, y es que como es una medida legislativa que daría derechos adquiridos de, eventualmente, todos los pueblos originarios, requiere consulta indígena. Y eso ya son un par de años más.

Y aun así, superando esas dos barreras, esta indicación lo que está haciendo es suspender el ingreso de Ecmpo por un año, haciendo que las que ya están se resuelvan en seis meses. Pero, al terminar ese plazo se volverá a tener la misma ley, con los mismos problemas de diseño, de implementación, y con los mismos conflictos que está generando entre las comunidades, pescadores artesanales y gremios productores. Más allá de esta indicación, necesitamos una reforma de fondo.

• ¿Qué le parece que este conflicto sea un debate ajeno para la opinión pública a nivel nacional, en medio de casos de corrupción, crimen organizado o lo de Monsalve?

Sería bueno que la gente tuviera conciencia de cuál es la principal consecuencia que tiene esta ley, y por qué es tan problemática: está generando conflictos. Si se solicita una Ecmpo, cualquier otra solicitud que está sobre ese espacio queda suspendida. Y eso hace que, eventualmente, que es lo que está pasando en el sur, solicitudes de concesión acuícola y marítima se suspendan por varios años. Estas son solicitudes que tienen varios cientos de miles de hectáreas, en algunos casos, y por tanto, existe un incentivo a ingresar solicitudes para frenar proyectos.

Respecto a tu pregunta, creo que este tema debería ser de primera relevancia para quienes hacen política pública en Chile. Porque, si bien ahora es acotada a la Región del Biobío hacia el sur, todos los espacios ya otorgados o solicitados como Ecmpo, perfectamente esto se puede extender al norte de Chile y tocar proyectos mineros. Estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares, y si es que la ley sigue operando igual, vas a congelar inversiones gigantes.

La política debe ponerle un mayor énfasis a la Ley Lafkenche, porque es del interés general de la inversión a nivel nacional, y también de la protección de los derechos de los pueblos originarios.

• Hoy la industria acuícola acusa estancamiento. De no haber cambios en la Ley Lafkenche, ¿qué escenario vislumbra a futuro?

Me preocupa que, en el momento que estamos viviendo ahora, la Ley Lafkenche se disuelva eventualmente en un cambio de gobierno. A principios de este año teníamos en el Congreso un proyecto en tramitación, que venía del año 2021. Si bien era positivo, no corregía ni en lo más mínimo los incentivos perversos principales que tiene la ley. Y hoy tenemos cuatro proyectos en tramitación. Entonces, creo yo que esta incertidumbre en la que estamos envueltos, y que, por cierto, la indicación que fue aprobada en la ley de presupuesto es posponer lo inevitable, y es que la incertidumbre va a volver después del año en que termine esta suspensión de ingresos de solicitudes. Entonces, si el gobierno, particularmente el Ejecutivo, no se involucra ahora en el tema de la Ley Lafkenche, y en base a alguno de los cuatro proyectos que están presentados quizá mezcla algunos proyectos o propuestas, como la que Pivotes ha hecho, no ataja a este problema, temo que en el próximo gobierno las prioridades empiecen a cambiar.

Nosotros sabemos los conflictos que hay en el sur de Chile, y, por tanto, destrabar esos conflictos, destrabar la inversión, y que el desarrollo llegue finalmente a las regiones más rezagadas de nuestro país, debería ser de primer interés y una primera necesidad de cualquier gobierno de turno.

• Las externalidades de la Ley Lafkenche enfrentan a comunidades indígenas, pescadores artesanales y empresas acuícolas. ¿De qué manera cree que esto puede generar un mayor grado de conflictividad en los territorios?

En el sur de Chile tenemos un problema bien grande respecto al sector acuícola, y es que, en palabras simples, nadie quiere perder. Y dada la complejidad del problema, dada la magnitud de la industria y su importancia, en términos de empleo, de ingreso. Y también, dada la magnitud de las solicitudes que han surgido en el sur de Chile, recordemos que tenemos aproximadamente 2,5 millones de hectáreas en tramitación desde el Biobío al sur, necesariamente, tanto las comunidades que quieren mantener la Ley Lafkenche tal y como está, así como la industria acuícola, que no quiere reformas profundas y que le quiten quizás incluso su esencia, van a tener que aceptar que una reforma llegará a un punto intermedio, en lo cual ambos pierdan.

Nosotros creemos que el incentivo principal que hay que erradicar es, uno: evitar que se ingresen solicitudes de forma sistemática y numerosa, solamente para frenar proyectos de inversión, que eso está ocurriendo. Pero también eso tiene que ir de la mano con que se cumpla el objetivo de la ley, que es asegurar que se verifique el uso consuetudinario o el uso ancestral que los pueblos originarios le dan a esos espacios.

Lo que proponemos desde Pivotes es que esta suspensión no comience en cuanto se ingrese el Ecmpo, sino después, cuando se verifique el uso consuetudinario. Es, por decirlo de alguna manera, un beneficio por parte doble. Evitamos el incentivo a presentar solicitudes para bloquear proyectos de inversión y, al mismo tiempo, estamos asegurando que, en una parte del proceso, los pueblos originarios vean garantizados sus derechos.