Ley Lafkenche:
Salmoneros retoman estado de alerta por cinco solicitudes de espacios costeros
En el mundo privado piden acelerar la discusión para modificar la actual normativa, debido a que afectaría los requerimientos de relocalización, permisos e inversiones en el sector acuícola.
Este viernes la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Lagos revisará y votará cinco solicitudes de Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) para Quellón (Punta Yatehua, Chadmo, Barrio Costero e Isla Linagua-Bahía de Quellón) y Ancud (Linao). Estas peticiones de comunidades indígenas, permitidas a través de la Ley Lafkenche, reencendieron las alarmas entre productores y sindicatos salmoneros.
En el sector acuícola hubo alivio luego de que la CRUBC de Aysén rechazara en febrero la solicitud de entregar más de 600 mil hectáreas de mar a la administración de comunidades indígenas, decisión que fue ratificada el pasado 3 de junio. Pero señalan que la inquietud sigue intacta por la Ley Lafkenche.
De acuerdo con el análisis de Pivotes, a nivel nacional más de un tercio de las concesiones en trámite están suspendidas por la Ley Lafkenche. Las concesiones que se encuentran en pausa están concentradas principalmente en la Región de Los Lagos, con cerca del 75% de las solicitudes paralizadas, detallan. Si bien las ECMPO que serán discutidas esta jornada suman más de 3.000 hectáreas de mar y representan una superficie menor a lo solicitado en Aysén, existen más de “1.000.000 de hectáreas en la Región de Los Lagos que están en tramitación y podrían correr la misma suerte”, dice Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes.
“Identificamos que 387 solicitudes de concesiones de acuicultura se encuentran pausadas por la Ley Lafkenche en Los Lagos y que, además, prácticamente toda la costa de la región se encuentra solicitada como ECMPO o ya fue otorgada”, advierte.
Sobre el impacto de la Ley Lafkenche en la actividad acuícola, comenta que se proyecta en la “limitación del crecimiento en el corto y mediano plazo”. Cuando una solicitud de ECMPO es admitida a trámite, se suspenden las solicitudes para otros fines sobre la zona reclamada, como ingresos de nuevas concesiones o las relocalizaciones, explica. “Si los titulares de dichas concesiones no quedan contemplados en el plan de administración de la comunidad indígena a la que se le otorgue el ECMPO, cualquier modificación para aumentar la producción o producir más eficientemente puede denegarse”, añade.
Otra normativa
Gremios salmoneros piden acelerar la discusión para cambiar la normativa. “Este es un tema complejo que amerita cuanto antes una modificación a la ley, por el bien de Chile (…); esto no solo afecta a la acuicultura, sino que a una inmensa cantidad de actividades económicas que se desarrollan en el borde costero”, dice Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón. “La ley actual, además, tiene efectos suspensivos que retardan cualquier solicitud de relocalización, permisos y la propia inversión”, asevera.
“Antes de que sigan ingresando a votación nuevas solicitudes, es urgente y necesario que se resuelvan diversos aspectos críticos que se han levantado desde las autoridades nacionales y locales; diversos sectores productivos y comunidades del borde costero”, comenta Tomás Monge, de SalmonChile.
A fines de mayo, Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de la Sofofa, planteó ante los senadores de la comisión de Pesca que también existe incertidumbre por la “inexistencia de disposiciones que desincentiven el uso malicioso de la norma”, dado que la ley “no cuenta con mecanismos para evitar que existan solicitudes de ECMPO como vía para obstaculizar la ejecución de otras actividades en el borde costero”.
Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores del Salmón, advierte que “si se llega a aprobar la ECMPO, sería una brutalidad en cuanto al daño que genera a Chiloé”, dado que en “Quellón hay más de cinco plantas de proceso donde trabajan más de 7.000 trabajadores directos”.
