Dónde hacer cambios a la propuesta constitucional

En medio de la natural polarización y tensión del debate que ha generado el proceso constitucional y a pocos días del plebiscito sobre la propuesta de nueva Constitución, ya se instaló transversalmente la idea de que el texto constitucional propuesto por la Convención requiere reformas inmediatas en caso de ser aprobado. Así como también está instalada la idea que, en caso de ganar el Rechazo, se requiere de un nuevo proceso para acordar una nueva Constitución.

En el segundo caso, se avanza en el Congreso Nacional en mecanismos para asegurar un proceso inmediato para acordar un nuevo texto, los que incluyen consultarle a la ciudadanía sobre el procedimiento más eficaz.

Pero en caso que gane el Apruebo, todavía existen disputas. El Presidente Gabriel Boric instó a los partidos de gobierno a llegar a un acuerdo antes del plebiscito sobre los mínimos comunes a reformar. Sin embargo, ya se empiezan a escuchar voces desde el gobierno y sectores afines que dicen que bastaría con aclarar algunos conceptos a través de las leyes de implementación e interpretación.

Pivotes hizo el ejercicio de analizar y comparar las propuestas de reformas y correcciones constitucionales que han presentado las últimas semanas distintos actores, como los expresidentes de la República, partidos políticos, centros de estudios y grupos de académicos y expertos, además de la propia mirada alternativa de Pivotes que puedes conocer acá.

Estas son las materias donde se registra mayor consenso entre las distintas propuestas.  Cabe preguntarse sin son materias que pueden ser aclaradas a través de una ley de implementación o interpretativa, o si es necesario introducir cambios sustanciales al texto constitucional propuesto.  En Pivotes creemos que son de una envergadura tal, que ameritan reformas constitucionales y no leyes aclaratorias o interpretativas.  Además creemos que deben ser comprometidas antes del plebiscito, para que sea creíble el Aprobar para Reformar que plantean algunos sectores.

*Este trabajo se irá actualizando en la medida en que surjan nuevas propuestas alternativas. Al final del texto, además, exponemos una tabla en que se desglosa el detalle de los puntos donde hay más consenso.

Poder Judicial único con su nombre, autonomía y fortaleza original.

Una de las decisiones de la convención fue reemplazar el nombre del Poder Judicial por el de Sistemas de Justicia (en plural), sin embargo varias propuestas coinciden en que mantenga su nombre para reforzar su carácter de poder del Estado.

En su declaración pública el expresidente Ricardo Lagos sostiene que “habría que devolver el nombre del Poder Judicial equivalente a los otros dos poderes, Legislativo y Ejecutivo”. El PPD plantea que “reponer el nombre del Poder Judicial refuerza la idea de un poder que es contrapeso de los otros dos”. El proyecto Casa de Todos -instancia que agrupa a profesionales de centros de pensamiento de la centroderecha- también pide que se mantenga la referencia al poder judicial. Para el documento de Chile Vamos el Poder Judicial “debe ser único, común a todos, jerarquizado, independiente e imparcial”. En tanto, el expresidente Eduardo Frei, en términos más generales, manifiesta su preocupación “porque el sistema político no establece un adecuado equilibrio y división de poderes”.

Revisar el Consejo de la Justicia

Hay coincidencias en revisar atribuciones y composición del nuevo Consejo de la Justicia, órgano autónomo que según establece la propuesta de nueva Constitución será el encargado del nombramiento, formación, gobierno, gestión y disciplina de los magistrados. Estará compuesto por 8 jueces, 2 funcionarios del sistema judicial, 2 miembros de pueblos originarios y 5 profesionales elegidos por el Poder Legislativo.

Según Lagos, hay que cambiar la integración y facultades del consejo, mientras que Frei considera inadecuada su composición y señala que hay que buscar el principio de independencia y no politización del Poder Judicial. Para La Casa de Todos el consejo debe estar compuesto por una mayoría de jueces sin contemplar escaños reservados.

Mantener los actuales estados de excepción

La propuesta contempla tres estados de excepción constitucional: el estado de asamblea, en caso de una guerra internacional; el estado de sitio, para un conflicto armado interno; y el estado de catástrofe, para enfrentar una calamidad. La iniciativa del PPD propone “reponer el estado de excepción constitucional de emergencia”. Lo comparte la propuesta de Pivotes, que permite declarar estado de emergencia “en caso de grave alteración del orden público o daño para la seguridad de la Nación”. La Casa de Todos también demanda mantener esa figura, al igual que la Democracia Cristiana.

Volver a iniciativa exclusiva de Presidencia en gasto público

La facultad que tendrá el Congreso para presentar proyectos de ley que impliquen gasto público, también ha sido un asunto controversial. Según la propuesta, las leyes de concurrencia presidencial, que irroguen gasto público, modifiquen presupuestos, tributos, contratos del Estado, materias de Defensa o la división político administrativa del país, podrán ser ahora mociones parlamentarias, aunque el Presidente de la República deberá darles su patrocinio durante la tramitación.

En cambio, la propuesta elaborada por Pivotes señala que “aquellas leyes que irroguen directamente gastos del Estado serán leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República”. En la misma línea Eduardo Frei no está de acuerdo con compartir iniciativas exclusivas para iniciar debates en determinadas materias y crítica que se haya debilitado la atribución presidencial de veto. Lagos, el PPD y la DC también plantean eliminar la nueva iniciativa parlamentaria. La Casa de Todos sostiene que “es fundamental mantener la iniciativa exclusiva del Presidente para tener un ordenamiento jurídico armónico”.

Mantener el Senado

El texto constitucional cambia el nombre de la Cámara de Diputados por el Congreso de Diputadas y Diputados y elimina el Senado para reemplazarlo por una Cámara de las Regiones con menores atribuciones. Para los partidos de Chile Vamos se debe mantener el Senado. El PPD sostiene que la Cámara de las Regiones se llame Senado de las Regiones. La Casa de Todos afirma que “es importante respetar la historia republicana institucional”, por lo que se debería mantener la cámara alta. La propuesta de Pivotes contempla un bicameralismo simétrico, donde se mantenga el Senado. La antigua propuesta constitucional presentada por el gobierno de Michelle Bachelet al término de su mandato, también contemplaba mantener ambas cámaras. Ricardo Lagos llamó a “revisar a fondo el llamado bicameralismo asimétrico”.

Un sistema electoral que ordene

El texto constitucional dejó en manos de la legislación la creación de un sistema electoral. Varias de las propuestas alternativas coinciden en la necesidad de establecer este sistema en la Constitución con miras a ordenar el escenario de partidos políticos en Chile. En la propuesta de la DC se señala que se debe “regular el sistema electoral en la Constitución para evitar la excesiva proliferación de partidos pequeños y cambiar la nomenclatura de organizaciones políticas por partidos políticos”. Ricardo Lagos señala que la Constitución debe reformar el sistema político, regulando a los partidos y sentando las bases del sistema electoral. Para el PPD el sistema electoral debe asegurar gobernabilidad, fortaleciendo a los partidos y coaliciones. Pivotes considera que el sistema electoral se debe establecer “conforme a los principios de gobernabilidad, representatividad y paridad en las postulaciones que garantice igualdad de derechos, oportunidades y trato”.

Cambiar la forma para determinar los escaños indígenas

La nueva Constitución establece escaños para pueblos indígenas en el Congreso de Diputadas y Diputados, cuyo número será proporcional a la población índigena en el país. La ley regulará también escaños reservados para la Cámara de las Regiones.

El cálculo ha sido materia de discusión. Pivotes, por ejemplo, comparte que existan escaños reservados para pueblos originarios, pero que estos sean proporcionales a su inscripción voluntaria en un registro especial en el sistema electoral. La Casa de Todos plantea que los escaños reservados deben ser en proporción a los votos efectivamente emitidos. El PPD, a su vez, cree que “el número de escaños reservados para los pueblos indígenas debe ser equivalente a la participación de los inscritos en el registro electoral índigena respecto del total de registrados”.

Suprimir la reelección presidencial inmediata

El PPD, la DC y el expresidente Eduardo Frei han marcado como punto de preocupación que en la nueva Constitución se establezca como norma que los presidentes podrán reelegirse en mandatos consecutivos, algo que no ha ocurrido en Chile desde la década de 1860. El punto también fue resaltado como uno de los temas a corregir en el documento elaborado por 24 académicos y abogados vinculados con el Apruebo.

La implicancia más inmediata es que el mandatario en ejercicio podría usar los recursos del Estado para su campaña, sin que exista un esquema robusto institucional que pueda hacer frente a los límites de esta posibilidad. Es importante recalcar que esta disposición entraría en vigor a partir del siguiente mandatario, dado que se dejó explícitamente fuera al período actual, del presidente Gabriel Boric, mediante una norma en el texto.

Asegurar la propiedad del ahorro previsional

Una de las propuestas del documento Aprobar para concretar, el borrador con las iniciativas del Frente Amplio de posibles reformas al proyecto constitucional, es establecer que “en el nuevo sistema de pensiones se respetarán los ahorros previsionales existentes en las cuentas individuales”. Así recogen una de las preocupaciones en parte de la ciudadanía, respecto a que la propiedad de los ahorros no quedara establecida en el texto constitucional. En su artículo 45 solo dice que “los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”, lo que está lejos de ser suficiente para garantizar la propiedad de los ahorros. En ese aspecto, Pivotes en su documento de miradas alternativas, propone que “los trabajadores son dueños de sus ahorros presentes y futuros para seguridad social proveniente de cotizaciones obligatorias y voluntarias, los que serán heredables”.

Precisar el precio de expropiación

En mayo, el ministro de Hacienda Mario Marcel indicó que el justo precio es “que se pague lo que vale ese bien o propiedad en el mercado”.  La semana pasada, el ministro Giorgio Jackson, por su parte, sostuvo que “hay veces en donde (…) el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que establezca el justo precio de un bien” y que “ahí puede haber otras consideraciones que la justicia tendrá que definir finalmente.”.  Finalmente, el ministro Marcel el jueves pasado sugirió que lo que se entiende por justo precio debiera quedar aclarado en la legislación, tras el plebiscito, y que la nueva ley de expropiación no debiese cambiar tanto respecto de la ley que hoy rige esta materia.  Es evidente que el concepto de justo precio permite diversas interpretaciones, incluso dentro del mismo gobierno; ante eso, lo que corresponde es precisarlo en la misma constitución, y no a través de una ley que se puede modificar con quórum simple.

Revisa acá una comparación entre las diferentes propuestas: