
Columnas de opinión
Nuevo estatuto de empleo público, mejora del proceso regulatorio y ajustes al sistema político
Las principales instituciones públicas de nuestro sistema democrático adolecen de fallas que impiden su correcto funcionamiento y que han contribuido a su continua deslegitimación. La administración del Estado muestra crecientes grados de captura e ineficacia, el sistema político opera hace años de forma disfuncional y el Poder Judicial ha sido parte de polémicas tanto por sus reglas de organización interna como por la forma en que ha ejercido sus funciones.
Un país cuyas principales instituciones públicas no están integradas por funcionarios seleccionados en base al mérito, o donde sus políticas públicas no son evaluadas de forma permanente y profesional, no puede entregar servicios públicos de calidad.
En la misma línea, un sistema político fragmentado y desordenado impide el alineamiento y gobernabilidad que un país requiere para progresar.
Finalmente, un Poder Judicial que se ve tensionado permanentemente por sus procesos de designación y promoción interna, y por las tensiones que enfrenta con otros poderes, no puede abocarse a impartir jusitica, una tarea tan noble e importante.
Nuestro Estado muestra niveles crecientes de captura. Los gobiernos recuerdan a los ciudadanos las arbitrariedades de la administración pública, donde prevalece la cercanía política y, el mal desempeño, no genera consecuencias.
Durante los últimos 10 años, el número de funcionarios públicos pasó de 250 mil a 450 mil.
Son designados por el presidente en cada periodo, sin necesidad de concurso público.
En 2021 representaron el 5,3%, creciendo más rápido que el empleo privado.
Con menor nivel de confianza de la población hacia su Gobierno.
Debemos avanzar en políticas públicas que fomenten un empleo público transparente y meritocrático, y que permitan recuperar un sistema político funcional que fomente la gobernabilidad:
Para esto será fundamental fortalecer la Alta Dirección Pública (ADP) dotándola de la facultad de diferenciar cargos de confianza política y cargos permanentes de administración pública; y consolidándola en los cargos de segundo nivel jerárquico para separarlos del ciclo político.
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De carácter autónomo, que establezca reglas y parámetros aplicables a la formulación de nuevas políticas públicas (evaluación ex-ante), que evalué leyes y programas (evaluación ex-post), y que incida a la hora de cerrarlos en la medida que sean sistemáticamente considerados deficitarios.
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Dentro de las más relevantes están establecer un umbral del 5% de los votos nacionales para que un partido político pueda tener representación parlamentaria, así como la reducción de las dimensiones de los distritos electorales, junto con aquellas normas que fortalecen a los partidos políticos e incentivan los acuerdos.
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