Durante este primer año de Gobierno, mucho hemos leído sobre la juventud del Presidente Boric, de la inexperiencia de su generación en la conducción política del Estado, de la falta de profesionalismo con que se conducen sus cuadros o de las dificultades propias de un contexto local e internacional muy complejo. Sin embargo, los últimos acontecimientos demuestran que, a esos mismos protagonistas del debate político, poco y nada les interesa resolver aquellas condiciones que justamente profundizan y agravan las consecuencias de estos factores en el funcionamiento del aparato público.
En efecto, llevamos décadas intentando relevar la importancia de modernizar nuestro Estado, y en especial en un ámbito que es vital a toda institución, a saber, a las personas que ahí trabajan.
Pero a ratos pareciera incómodo discutir sobre la calidad del trabajo de los funcionarios públicos, de sus méritos y cualidades para desempeñar un cargo, o de las razones que habilitan para ingresar, pero también, para dejar el Estado. Incluso cuando se alcanzan consensos transversales de las cosas que deben cambiar para profesionalizar el servicio público, intereses de todo tipo -pero nunca el de tener un aparato público al servicio de las personas- se interponen en las decisiones legislativas y administrativas; pues nadie parece estar dispuesto a pagar los costos que significa enfrentar a los gremios o asociaciones de trabajadores del Estado -perdón, quise decir sindicatos-, o a sus bases de apoyo político y electoral que están incrustadas en esta inagotable red de empleo, en la siempre difícil decisión de perder la atractiva posibilidad de pagar un favor o fortalecer las redes de poder en la administración nacional y local.
Después de la inusitada crudeza con que este año nos recordó la urgencia de abandonar los diagnósticos y actuar de manera resuelta en estas materias, la semana pasada la iniciativa EnFoco de Pivotes entregó no sólo propuestas, sino también identificó las tensiones que han hecho imposible avanzar en la implementación de estos cambios y reformas. Más todavía cuando se aspira a que el Estado sea una herramienta de transformación social, pero cuya dirección y velocidad escapa al control del Gobierno, quedando diseminado en una maraña de intereses divergentes y cortoplacistas, cuando no, a merced de fuerzas puramente contingentes.
Por ello necesitamos que todos se apropien de este dilema, lo hagan suyo para salvar la casa de todos que se nos cae a pedazos, a fin de orientar a la acción a quienes tienen el poder y posibilidad de revertir el deterioro que afecta a nuestro Estado. La eficacia y la eficiencia en el aparato público no es una cuestión de tecnócratas: muy por el contrario, es un imperativo ético de la actividad política