El sector público, y en especial los municipios de todo el país, enfrentan una debacle financiera producto de la aplicación de los dictámenes en que el contralor extiende la inamovilidad de los funcionarios de planta a los a contrata en base al principio de la confianza legítima, y la obligación de traspasar a los honorarios a la contrata.

Ante este absurdo administrativo, el Ejecutivo arrojó un salvavidas a través del proyecto de ley de reajuste al incluir el Código del Trabajo al sector público municipal. Así, al menos por 4 años, los municipios podrán contratar y terminar vínculos laborales, en lugar de solo engrosar sus filas de funcionarios, asumiendo el costo de su estabilidad. Pero es una solución temporal a un problema estructural que requiere máxima atención para modernizar nuestro Estado.