En medio de un ciclo de precios del litio que no estaba ni en los sueños más salvajes del más optimista, la producción en Chile sigue limitada por una regulación anacrónica que hoy permite la operación de solo dos productores. Eso fue lo que propuso revertir la licitación de fines de 2021. Ofreciendo solo el 4,4% de las reservas conocidas, el Estado iba a recaudar US$ 121 millones en la adjudicación y unos mil millones de dólares anuales de licitar las cinco cuotas, de acuerdo con las estimaciones del ministerio en ese momento ¡Y desde entonces el precio del litio se ha más que duplicado!

La licitación no se cayó por corrupción o mala fe, sino solo porque la Corte Suprema estimó que era necesaria la consulta indígena en esa misma etapa de adjudicación de cuotas, en circunstancias de que las autoridades del ministerio estimaban que la consulta correspondía en una etapa posterior, durante la evaluación de los proyectos en sí.

Podríamos sentarnos a debatir sobre la razonabilidad del fallo de la Suprema, sí, pero mucho más productivo sería tan solo asumirlo y relanzar cuánto antes una licitación que sí esté alineada con ese criterio. Lo que el Estado de Chile está dejando de recaudar por esta pasividad es simplemente intolerable.