Claramente el plebiscito, las campañas, la cancelación, y el mal clima sociopolítico que hemos estado viviendo nos han robado la agenda; sin embargo, estas discusiones muchas veces se alejan de las verdaderas urgencias sociales; que si no nos hacemos cargo pueden dejar graves consecuencias, consecuencias de las que ninguna Constitución podrá hacerse cargo.
Una de estas urgencias es la educación, y el terremoto que dejó la pandemia. La gravedad de esto no radica solo en la pérdida de aprendizajes académicos y socioemocionales, sino que también en la pérdida de vínculo o distancia con la comunidad educativa. Tal como se advierte en el reportaje publicado el 26 de este mes, la inasistencia se ha duplicado desde el 2019, llegando a casi un 40% de la matrícula total, lo que cimienta a pasos agigantados las bases para un aumento de la deserción escolar.
Es urgente tomar medidas, y un desafío de este tamaño debería convocarnos a todos como sociedad en una causa tan importante, o más, que la Constitución. Para enfrentar desafíos públicos de esta magnitud el Estado no puede y no debiera buscar soluciones de manera aislada; esto se enfrenta de manera conjunta entre la sociedad civil y el Estado, ya que, desafíos complejos requieren soluciones colaborativas, donde se ponga toda la creatividad, recursos, experiencias y posibilidades al servicio de algo tan trascendental.
El debate de cómo alcanzamos un nuevo pacto como país no puede limitarse únicamente a lo constitucional, también debe incluir el diseño, acuerdo e implementación de políticas públicas y soluciones privadas que permitan hacer frente a los grandes desafíos que enfrentamos.
El nuevo debate que se dará a partir del 5 de septiembre, debe estar vinculado a las urgencias y sobre todo a como la Constitución habilita a que estos problemas sean resueltos desde una lógica colaborativa, público-privada, donde el conocimiento, la experiencia de la sociedad civil y el rol del Estado trabajen en conjunto en la búsqueda de las mejores soluciones de manera rápida y efectiva.