DF Más: Paula Streeter y acuerdo del Apruebo: «Pareciera que se busca convencer de forma tardía a los indecisos»

Urge un rescate al terremoto educativo

La Convención, el proyecto de constitución, el plebiscito y -ahora- lo que pasará el cinco de septiembre nos han robado casi por completo la agenda pública, y nos hemos olvidado de algunas urgencias, o no les hemos puesto el foco que requieren.

El debate de cómo alcanzamos un nuevo pacto como país no puede limitarse únicamente a lo constitucional. También debe incluir el diseño, acuerdo e implementación de políticas públicas y soluciones privadas que permitan hacer frente a los grandes desafíos que enfrentamos.

Una de esas urgencias es el terremoto educativo que dejó la pandemia. Más allá de los esfuerzos para mantener las clases, está claro que nada es capaz de reemplazar a la presencialidad en el aula, y Chile fue uno de los países que tuvo más tiempo los colegios cerrados, generando pérdidas de aprendizaje brutales y que deben mitigarse desde ahora mismo. Ya varios expertos han advertido esto. Roberto Araya ha señalado el gran daño que tendrá si no nos hacemos cargo de forma urgente como sociedad, y tomamos medidas y realizamos las inversiones proporcionales a la amenaza existente, tal como lo hizo el presidente Biden en Estados Unidos, equivalente a lo que quiere invertirse en la condonación del CAE.

Es urgente tomar medidas. En esta línea, y apoyando el llamado hecho por Araya, académicos de la Universidad Católica -por medio de la Agenda Pública UC y cartas en medios- han planteado que es clave apuntar en soluciones con evidencia en Chile y el mundo que apunten a construir sinergias colaborativas entre el gobierno, la academia y la sociedad civil. Plantean las tutorías escolares, algo que está incluido como parte relevante del plan anunciado por Biden en EE.UU., como una medida costo efectiva que implica la colaboración de distintos actores y que no sólo ayudan a acelerar y recuperar aprendizajes, sino que también tienen un impacto socioemocional.

Es urgente movilizarse y tomar como una causa país un terremoto de tal magnitud, y exigir políticas públicas colaborativas que permitan recuperar pronto lo perdido. Hay que poner la urgencia en los temas relevantes, como lo es rescatar a los niños, y no en otros que tienen más réditos políticos como lo es la condonación del CAE.

Estas soluciones nos competen a todos como sociedad y debemos propiciar lógicas colaborativas que permitan buscar el mejor camino, algo que deberíamos extender a otras áreas. Porque, al final, ¿de qué nos sirve tener una nueva constitución si hoy no nos hacemos cargo de las urgencias de la generación que va a vivirla?

 

El acuerdo, un tardío salvavidas

Estos últimos días el acuerdo de los partidos oficialistas se ha robado la opinión pública, y se ha ganado opositores tanto del bando del Apruebo como del Rechazo. Varios son los que lo han tildado de un acuerdo forzado, oportunista o incluso desesperado; otros, los que lo celebran, creen que es un buen acuerdo que sirve para despejar dudas y convencer a los indecisos.

¿Era tan sorpresivo? La verdad es que varios esperaban esta última jugada, la carta final que podía jugar el oficialismo y los partidarios del Apruebo, como un salvavidas a las encuestas que no han sido nada de favorecedoras.

Sin embargo, genera ciertas dudas el hecho que ahora sí se reconozca la necesidad de reformas sobre temas que hasta hace poco se defendían e incluso negaban; aunque algunos oficialistas como Juan Ignacio Latorre plantean que reconocen que hay dudas y confusiones y que este acuerdo ayuda a aclarar puntos. Queda la duda de si efectivamente el acuerdo busca aclarar puntos que no se entienden o quiere realmente empujar reformas concretas. En esta misma línea, Natalia Piergentili, presidenta del PPD, señaló que el acuerdo no tiene que ver con alterar lo que hizo democráticamente la convención, en ninguna forma.

Así como éstas, han surgido varias declaraciones que no aclaran lo que realmente busca el acuerdo, qué tanta voluntad de reforma existe, y pareciera que más bien se busca convencer de forma tardía a aquellos indecisos con el acuerdo de los cinco puntos a reformar; pero a su vez, no desilusionar a aquellos que quieren Aprobar el texto tal como se conoce hoy y que creen que no necesita cambios.

 ¿Qué busca realmente este acuerdo, habrá llegado a tiempo o será demasiado tarde para el Apruebo?

 

La ética, la moral y las costumbres.

Las declaraciones del ministro Jackson sobre la escala de valores y principios del gobierno llevaron a una serie de reacciones, críticas y cuestionamientos; y no es primera vez que representantes del oficialismo plantean esta supuesta superioridad respecto a las generaciones anteriores.

Sin embargo, más allá de la polémica misma, y de lo poco acertado que pueda ser su planteamiento, es un buen minuto para que como sociedad pensemos en los principios y valores – es decir la ética – que queremos que den base a nuestra moral y costumbres.

Más allá del resultado del plebiscito, estamos viviendo grandes cambios como sociedad, y es importante pensar sobre esa moral; y con esto no nos confundamos con buscar superioridad moral, ya que, tal como plantea Ascanio Cavallo, el problema de esa superioridad moral en política es que tiende a producir un espiral; un espiral de buenos y malos.

Cada época responde a ciertos valores propios, y hoy nos falta reflexionar sobre ellos y acordar esa base valórica, que nos convoque como sociedad y que permita sentar las bases de nuestra vida común, ya que hoy, los extremos, la moralina, y la superioridad moral sólo nos lleva a una cultura de cancelación donde no cabe el otro.

 

Las volteretas del Estado de Excepción

A comienzos de esta semana el gobierno evaluaba ampliar el estado de excepción a La Región de Los Ríos, junto con agregar la tesis que al agregar una región nueva no era necesario pasar por el Parlamento; dado el ruido generado por la fórmula, decidieron finalmente ir al Congreso para buscar la renovación, en el entendido de que sumarían Los Ríos en otro decreto. Pero el jueves, la ministra del Interior, Izkia Siches, protagonizó otra voltereta política al anunciar que finalmente no se utilizaría el mecanismo en la región, ganándose críticas tanto del oficialismo como de la oposición. Tanto giro hace preguntarse si la seguridad es una preocupación real para este gobierno.

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