Cuatro hechos que respaldan

Actualmente, Chile opera con más de diez estatutos laborales distintos para el sector público, lo que genera fragmentación normativa, dificulta la gestión y perpetúa desigualdades. El régimen actual también abre espacio para que la contratación y permanencia en el sector público se base en favores políticos, en lugar de mérito.

En este estudio describimos cuatro hechos que respaldan que la complejidad y opacidad de la actual regulación del empleo público—que facilita la contratación masiva con cada cambio de gobierno y dificulta la desvinculación—se ha traducido en un crecimiento desmedido y costoso del aparato estatal, además de evidentes señales de disfuncionalidad dentro del sector público:

• Cada año es más costoso para la economía financiar los sueldos del Estado.
• El sector privado ha perdido espacio frente al sector público en el mercado laboral formal.
• No hay indicios de que el mayor gasto en personal haya mejorado la calidad de los servicios públicos.
• Los días de ausentismo laboral van en aumento en el Gobierno Central.

En Pivotes, proponemos un cambio estructural: un estatuto único de empleo público que regule todo el ciclo laboral de los funcionarios—desde su ingreso hasta su desvinculación—basado en mérito y desempeño. Este marco debe separar claramente las funciones de gobierno de las de la administración estatal, garantizando que el aparato público opere de manera técnica y profesional, libre de influencias políticas, para asegurar servicios más eficientes y eficaces para los ciudadanos.

Conoce aquí el estudio preparado por Elisa Cabezón, economista de la Pontificia Universidad Católica y Rafael Palacios, antropólogo social y abogado de la Universidad de Chile.​