Estudio
Educación:
Importancia de la apertura de los colegios
Garantizar la educación continua es clave para el desarrollo de estudiantes y el desarrollo sostenible del país. Desde Pivotes proponemos una reforma constitucional.
La continuidad educativa es crucial para el desarrollo integral de los estudiantes y el progreso de la sociedad.
Estudios académicos resaltan la importancia del tiempo que los alumnos pasan en las escuelas para su aprendizaje, desarrollo socioemocional, su futuro laboral y para el crecimiento económico de los países. En Chile, estos hallazgos son especialmente relevantes.
El Diagnóstico Integral de Aprendizaje de la Agencia de Calidad de la Educación muestra que el 80% de los estudiantes de 4° básico aprende a expresar sus emociones en el aula, un factor esencial para su bienestar y aprendizaje. Además, Bellei (2009) demostró que el cambio a jornada escolar completa mejoró significativamente los resultados en el SIMCE de lenguaje y matemáticas. Otro estudio, de Izquierdo y Ugarte (2023), estima que la pérdida de aprendizaje de entre 0,8 y 1,2 años podría reducir el PIB chileno entre un 3,7% y un 5,5% en las próximas ocho décadas, lo que subraya la conexión entre educación y economía.
A pesar de este consenso, es alarmante la frecuencia con la que se suspenden clases en Chile, debido a diversas causas: desde la falta de agua potable en escuelas rurales (que afecta al 17% de los colegios rurales según Fundación Amulén), hasta paralizaciones ilegales lideradas por el Colegio de Profesores y suspensiones por razones de seguridad, como los «narco-funerales» y las elecciones.
En Pivotes, proponemos que la educación sea reconocida como un servicio esencial en la legislación chilena. Esto protegería el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que las interrupciones de clases sean excepcionales y no arbitrarias. Específicamente, abogamos por una reforma constitucional que declare la educación como un servicio esencial «ad-hoc», estableciendo mandatos legales que garanticen la continuidad educativa y, en última instancia, el desarrollo sostenible del país.
Descarga aquí el estudio preparado por José Manuel Astorga, abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica y Elisa Cabezón, economista de la Pontificia Universidad Católica.