La ministra Jeannette Jara pisó el acelerador en la reforma de pensiones en el Congreso. El oficialismo actualizó el destino del 6% de cotización adicional, proponiendo que 3% vaya a las cuentas de los trabajadores, con solidaridad intrageneracional, y que 3% vaya a un seguro social para financiar un complemento a los actuales jubilados que, a pesar de haber cotizado varios años y recibir PGU, no reciben tasas de reemplazo (porcentaje del último sueldo que es cubierto por pensión) suficientemente altas.
Luego de analizar esta nueva propuesta, noto que en este debate hay ausencia de preguntas esenciales. Primero: ¿qué tasas de reemplazo son suficientes para los actuales jubilados? ¿Un 60%? ¿70%? Segunda pregunta: ¿cuál es el universo de actuales pensionados que queremos ayudar? Bajo el diseño actual, este complemento del seguro social lo recibirán todos aquellos que hayan cotizado al menos un año. Pero, gracias a la PGU, los jubilados que han cotizado pocos años son quienes tienen tasas de reemplazo más altas, entonces ¿por qué le destinamos más ayuda a ellos? ¿No sería mejor acotar ese universo a jubilados con un mínimo de años cotizados? Por ejemplo, que solo puedan recibirlo aquellos que cotizaron al menos 15 años. Con eso nos ahorramos importantes costos.
Tercera pregunta: ¿cuánto cuesta financiar ese complemento extra? Luego de haber respondido a quiénes queremos ayudar y cuánto cuesta hacerlo, la última pregunta sería: ¿cuál es el mejor mecanismo para financiar esta ayuda? El gobierno propone que sea a través de las cotizaciones de los actuales trabajadores, a través de un reparto transitorio.
Este mecanismo de financiamiento tiene dos problemas: 1) estaremos ayudando a los actuales pensionados de clase media a costa de las futuras pensiones de la clase media, aquel grupo de la población que cotiza regularmente y cuya principal fuente de ingresos es el empleo formal; 2) el peso del financiamiento cae exclusivamente sobre el acotado grupo de trabajadores formales, en vez de diluir el peso hacia el resto de los actores de la economía que permite los impuestos generales. Hoy solo un 36% de la población en edad de trabajar tiene empleo formal. En los países desarrollados este porcentaje es cercano al 50%. Necesitamos extender el empleo formal, y financiando las actuales pensiones a través de los sueldos formales puede ser contraproducente.
Otra alternativa sería que el aumento de la PGU que propone el gobierno, financiado con impuestos generales, no sea un aumento universal, sino que sea focalizado a los jubilados que cotizaron varios años, y que esta PGU aumentada disminuya a medida que los nuevos jubilados se autofinancien pensiones a través de la cotización extra en sus cuentas individuales. Pero para avanzar en este diseño, necesitamos que las tres primeras preguntas planteadas arriba, y sus posibles respuestas, se instalen en el debate.