¡Enhorabuena! Hoy hablamos de “permisología”, de complejidad regulatoria, de un ecosistema hostil a la inversión no solo empresarial, sino que de la sociedad civil en general. Colegios, salas cuna y centros de larga estadía para adultos mayores son también víctimas de las múltiples e inorgánicas autorizaciones administrativas requeridas para llevar adelante cualquier clase de proyecto. Esta problemática trajo consigo dos proyectos de ley del Ejecutivo que buscan atacar el problema. Se trata de un paso enorme que hay que destacar y reconocer, pues ambos proyectos, hoy protagonistas del “Pacto Fiscal”, no aparecían ni en las tiras cómicas al inicio del gobierno.
Sin embargo, ambas iniciativas tienen dos problemas profundos que atenúan el optimismo. El primero es de forma: la tardanza en ser ingresados. Es bien sabido que el mejor momento para discutir y aprobar proyectos complejos es en la primera mitad de gobierno, y estas iniciativas comenzaron hace unos pocos meses su primer trámite constitucional. Pronto nos vamos a adentrar en el fragor de las disputas municipales y de gobiernos regionales, a las que les seguirán las primarias presidenciales, senatoriales y diputaciones, lo que pone cuesta arriba su discusión.
El segundo es de fondo: ambos proyectos atacan síntomas del problema, mas no sus causas. En lo que respecta a la evaluación ambiental de proyectos de inversión, el principal problema está en un sistema que dejó de funcionar como solía hacerlo, al primar en él una lógica puramente adversarial. Hoy, al menos respecto de algunos grandes proyectos de inversión, muchas veces basados en recursos naturales, a pesar de haberse alineado en buena parte los intereses económicos con los ambientales, los proyectos que enfrentan mayores dificultades son aquellos que resultan esenciales para la impulsar la adaptación al cambio climático.
Frente a esta contradicción lo que se necesita es un nuevo paradigma para evaluar proyectos de sectores tan importantes para cumplir las metas ambientales que el país se ha fijado. Un paradigma distinto al de las tipologías de ingreso de ley 19.300, lo que requiere mucho más que los pocos ajustes que propone la actual reforma al SEIA. En efecto, necesitamos avanzar hacia un sistema de evaluación que permita a los titulares someter sus proyectos a participación ciudadana y deliberación política en una etapa temprana en la que se presente el proyecto en fase de ingeniería conceptual. Una etapa de screening que permita zanjar las cuestiones más relevantes de un proyecto como su localización, compatibilidad territorial y área de influencia, materias que son precisamente las que interesan a la ciudadanía, evitando así exigirles participar de aspectos técnicos y procedimentales, como ocurre hoy. La participación temprana era una buena oportunidad para dar los primeros pasos en esa dirección, pero el proyecto, al parecer, no pudo avanzar en cambios profundos.
Respecto al proyecto de permisos sectoriales, una primera aproximación al problema nos apunta a los plazos. No sorprende entonces que el foco del proyecto de ley esté en generar una nueva institucionalidad pública que asegure respuestas oportunas y que aplique el garrote cuando el permiso no se resuelve a tiempo. Sin embargo, cuando se profundiza un poco más en el problema podemos observar que el país se enfrenta a un predicamento nada nuevo: nuestra regulación se “sobre-complejizó”. Hemos aprobado leyes y reglamentos que no se justifican adecuadamente al momento de su dictación, ni se analizan con posterioridad a ella. Al mismo tiempo, la tecnología avanza a velocidades vertiginosas mientras la regulación rara vez se adapta y actualiza. El resultado es una complejidad regulatoria excesiva, que deja de poner el foco en cautelar el bien común y en la que pasa a primar el propósito de mantener ocupados a quienes se encargan de cumplirla.
Son muchos países los que enfrentaron circunstancias semejantes. Los que resolvieron el problema con éxito no se enfocaron (únicamente) en hacer cumplir plazos, sino que emprendieron reformas profundas a sus sistemas de formulación de nueva regulación y análisis de la vigente, a lo que sumaron esfuerzos ambiciosos de desregulación y derogación de normas obsoletas o irrelevantes.
El Gobierno ha puesto sus prioridades en el lugar correcto, ahora toca profundizar. Las reformas que atacan los síntomas nos pueden hacer sentir bien por un rato, y generar un alivio temporal. Sin embargo, sólo si atacamos las causas de los problemas de la permisología; el antagonismo exagerado entre medio ambiente y desarrollo, la alta incertidumbre y la excesiva complejidad regulatoria, podremos retomar un camino de crecimiento sustentable que está al alcance de la mano, pero que a veces pareciera nos negamos a transitar.